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Los trabajadores del Poder Judicial del Estado están intensificando sus protestas y evalúan la posibilidad de un paro general debido a lo que consideran una gestión injusta por parte del gobierno estatal. Aseguran que, mientras se han facilitado las jubilaciones de jueces y magistrados, los empleados operativos han sido ignorados.
Las quejas se centran en el manejo de los recursos destinados a los sueldos, con alegaciones de que los pagos de jubilaciones, como el del magistrado Carlos Alejandro Robledo Zapata, se están realizando incluso antes de que los beneficiarios se hayan retirado oficialmente. Además, los trabajadores sospechan que alguien está mal administrando los fondos que deberían usarse para pagar los salarios.
Ante esta situación, algunos empleados han sugerido la opción de un paro general como una medida de presión para obtener una resolución y exigir que las autoridades cumplan con sus responsabilidades.
