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El Poder Judicial de la Federación (PJF) ha dado un golpe sobre la mesa, lanzándose a un paro de labores indefinido que ha sacudido las estructuras del gobierno. Trabajadores de diversas regiones, desde San Cristóbal de las Casas hasta Nuevo León, se han levantado en contra de lo que consideran un intento descarado del presidente Andrés Manuel López Obrador por subyugar al único poder que aún se resiste a su control: el Poder Judicial.
Con mantas y consignas, miles de empleados judiciales han dejado claro su rechazo a una Reforma Judicial que, según denuncian, no solo busca eliminar el contrapeso del gobierno, sino que también podría significar el fin de la independencia judicial en México. «No somos policías, ni pertenecemos a ningún partido político. ¡Nuestra vocación es servirte!», claman los manifestantes, señalando lo que consideran una ofensiva sin precedentes contra la justicia en el país.
En Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Chihuahua y Nuevo León, el mensaje ha sido unánime: no aceptarán que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, un sistema que, según los expertos, podría abrir la puerta a la corrupción y al clientelismo político. «Es un retroceso de 30 años», lamenta Antonio Ceja, magistrado del Cuarto Circuito en Nuevo León, quien lidera la marcha en Monterrey.
Mientras el paro continúa y se suman más circuitos judiciales, la incertidumbre crece. ¿Hasta dónde llegará este enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo? Lo único seguro es que la batalla apenas comienza, y el desenlace podría definir el futuro de la justicia en México.
