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En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo ha solicitado nuevamente que se le retire la inmunidad a la fiscal general, Consuelo Porras, para que sea investigada por abuso de poder y violación a la Constitución. Estados Unidos ha señalado a Porras por socavar la democracia.
Esta petición surge un día después de que Porras solicitara a la Corte de Constitucionalidad que se le permita iniciar acciones penales contra Arévalo. La fiscal alegó que el presidente podría tomar medidas contra el Ministerio Público y destituir a funcionarios cercanos a ella.
Desde su llegada al poder, Arévalo ha pedido la renuncia de Porras, acusándola de no investigar la corrupción del gobierno anterior, el cual la nombró. La fiscalía ha emprendido acciones contra el partido político de Arévalo, Movimiento Semilla, y ha acusado a trabajadores electorales de fraude.
Arévalo declaró que su gobierno lidera la lucha contra la corrupción, cumpliendo con el mandato del pueblo. Acusó a Porras de ser cómplice de la corrupción y de criminalizar a periodistas y defensores de derechos humanos.
La fiscal Porras ha afirmado que las críticas de Arévalo promueven la violencia contra ella y su equipo. También denunció que la fiscalía secuestró el padrón electoral con datos sensibles de casi 10 millones de guatemaltecos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó un examen independiente del Ministerio Público. Arévalo reiteró que seguirá el marco de la ley para que Porras abandone el cargo.
